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El 5 de septiembre de 2017, la Secretaria Interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, emitió un memorándum para revocar el memorándum de junio de 2012 que instituyó el DACA y estableció un plan para eliminarlo.

La medida entrará en vigor de inmediato, de modo que el Departamento de Seguridad Nacional:

  • Decidirá las solicitudes pendientes dirigidas al programa DACA y las peticiones asociadas a ellas para solicitar Autorización de Empleo que hayan sido aceptadas a partir del 5 de septiembre de 2017.
  • Rechazará todas las peticiones hechas al programa DACA y las solicitudes de Autorización de Empleo presentadas después del 5 de septiembre de 2017.
  • Decidirá sobre las solicitudes pendientes de renovación del programa DACA, sobre las solicitudes de Autorización de Empleo aceptadas a partir del 5 de septiembre de 2017, y sobre aquellas cuyos beneficios vencerán entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, que hayan sido aceptadas a partir del 5 de octubre de 2017. Para los demás, la situación legal terminará ya a partir del 6 de marzo de 2018.
  • Rechazará todas las peticiones de renovación al DACA y las solicitudes para los Documentos de Autorización de Empleo presentados fuera de los parámetros especificados arriba.
  • No anulará lo que se haya concedido como parte de la acción diferida ni revocará Documentos de Autorización de Empleo por la duración restante de sus períodos de validez.
  • No aprobará ninguna nueva Solicitud hecha de acuerdo a la Forma I-131 para la libertad condicional anticipada bajo el programa DACA, aunque generalmente respetará el período de validez especificado para las solicitudes previamente aprobadas de libertad condicional anticipada.
  • Clausurará administrativamente todas las solicitudes pendientes de libertad condicional, hechas de acuerdo a la Forma I-131, presentadas bajo el programa DACA y reembolsará todos los honorarios asociados a ellas.
  • Continuará ejerciendo su autoridad discrecional para terminar o negar la acción diferida por cualquier motivo, en cualquier momento, y con o sin aviso previo.

Los funcionarios insisten en que incluso si el Congreso no promulga una nueva protección para los Dreamers, éstos no serán arrestados ni deportados. Los funcionarios dicen que la prioridad para la deportación seguirán siendo los inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes.